Ponce presenta querella por filtración de expediente del Caso Cascadas


En una nueva arremetida de Julio Ponce en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la defensa del empresario presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitando que investigue a todos los funcionarios de la repartición que tuvieron acceso a la investigación del Caso Cascadas, así como de quienes elaboraron el comunicado de prensa del 10 de septiembre donde se da a conocer la formulación de cargos.

En el texto, los abogados de Ponce plantean que con la filtración de los antecedentes se habría cometido el delito previsto en el Artículo 23 del Decreto Ley N°3.583: “Los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en la Superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ella, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos”.

Según este cuerpo legal, de encontrarse culpables, los funcionarios arriesgan penas que van desde dos años a seis años de prisión, además de una multa, según el inciso primero del artículo 247 del Código Penal”.




Fundamentos


Los fundamentos de la querella presentada por el abogado Jorge Bofill plantea que el deber de reserva que recae en los funcionarios de la SVS fue vulnerado “por lo menos en tres oportunidades distintas”.

La primera correspondería al comunicado de prensa difundido por el regulador el 10 de septiembre pasado, cuatro días después de la formulación de cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon. La segunda correspondería a “la divulgación del Oficio Reservado N° 633 a la prensa. Aquí, la defensa de Ponce acusa que “varios medios de comunicación se hicieron de forma simultánea, desde el 1 de octubre, de copias íntegras de la formulación de cargos” y la reprodujeron en forma total o parcial. “De lo expuesto se deduce que, paradójicamente, los medios de comunicación no sólo hicieron públicos los cargos”, sino que también “la forma en que ellos tuvieron acceso a dicha información: a través de algún funcionario de la SVS que los ‘filtro’”.

Como tercer argumento, se plantea que en el caso de los descargos formulados por Ponce ante el regulador, el 29 de octubre pasado, “la reserva de los mismos también fue vulnerada”.

La querella sostiene que “la revelación de esta información tuvo, en el país, el mercado y los múltiples perjuicios que ello ocasionó y puede ocasionar en mi cliente como en las sociedades involucradas, impone la necesidad de realizar todas aquellas diligencias que resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos que motivas esta querella, y la correlativa condena a los responsables”.